- La Comisión pedirá explicaciones a EE UU sobre el espionaje
- Los países negocian desde hace meses cómo cerrar las lagunas de privacidad
El espionaje informático en Estados Unidos ha colocado en primer
plano un problema que inquieta a Europa desde hace meses: la
desprotección de los datos personales. Apenas unas horas más de
conversación les faltaron a los ministros europeos de Justicia del
pasado jueves para que la revelación del programa estadounidense
centrara la reunión en la que los mandatarios trataban de reforzar las
normas comunitarias de protección de datos. La Comisión Europea constató
con pesar que hay Estados dispuestos a bloquear esa regulación poco
antes de que The Guardian revelara con sus informaciones la urgencia de
pactar ese nuevo marco.
Las normas comunitarias sobre esta materia datan de 1995. Pese a figurar todavía entre las más garantistas del mundo, la irrupción de Internet en la vida diaria de los europeos —y especialmente la llegada de las redes sociales— ha convertido en obsoleta la regulación. El Ejecutivo comunitario lanzó hace ya año y medio una propuesta para restringir el acceso que compañías y poderes públicos tienen a datos sensibles de los usuarios y regular cuestiones tan novedosas como el derecho al olvido.
Desde entonces, los Estados miembros se resisten a ponerse de acuerdo en elementos fundamentales de la regulación. Pero la irrupción del espionaje estadounidense ha desatado el nerviosismo de algunos miembros de la Comisión Europea. “Este caso demuestra que un marco legal para la protección de datos personales no es un lujo, sino un derecho fundamental. Ya es hora de que el Consejo Europeo demuestre que puede actuar rápidamente para reforzar los derechos de los ciudadanos”, reclamó la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, tras conocerse el espionaje.
A la hora de evaluar el grado de desprotección de los ciudadanos en la red, tan importante resulta la regulación europea como la que detalla los intercambios de datos entre Europa y Estados Unidos. Ninguna de las dos acaba de concretarse. Pero el escándalo de la vigilancia ha llegado a tiempo para centrar la reunión que mantendrán a partir del miércoles en Dublín los responsables europeos con las autoridades estadounidenses. La casualidad ha querido que este encuentro anual se dedique en esta ocasión a la protección de datos.
Reding tendrá la oportunidad de preguntar a Estados Unidos los detalles del espionaje, a cuántos europeos ha afectado y cómo piensa garantizar la seguridad de las comunicaciones, según explica una portavoz de la comisaria. La preocupación no es nueva. La Unión Europea entrega ya numerosos datos de sus ciudadanos a Estados Unidos (de los pasajeros aéreos, de las transferencias bancarias...), pero no tiene garantías de que el tratamiento de esos datos respete los estándares europeos. Por eso la comisaria de Justicia explora desde 2011 un acuerdo de protección de datos vinculado a la cooperación policial y judicial. Porque en la práctica, por muchas regulaciones que se aprueben al respecto, tanto los poderes públicos como los privados tienen acceso a información clave del ciudadano que puede ser utilizada en su contra.
Varios elementos bloquean desde hace tiempo esa colaboración entre las dos potencias. Entre ellos, que un ciudadano estadounidense que considere violada su privacidad puede reclamar ante las autoridades europeas, mientras un europeo no puede hacer lo mismo frente la administración estadounidense. La Comisión quiere, además, clarificar si esos intercambios implicarían una cesión indiscriminada de datos o se trataría de peticiones cuando existan “sospechas concretas”, explican fuentes comunitarias. “Cuando un ciudadano europeo manda mensajes o llama por teléfono a alguien en Estados Unidos no espera que sus datos personales sean interceptados o transmitidos a terceras personas”, describen.
Otras fuentes comunitarias consideran que las posibilidades de aproximación en este acuerdo de intercambio de datos son ahora más limitadas que antes de conocerse la revelación del cerco a las comunicaciones privadas. Aunque algunos Estados miembros son menos beligerantes en este terreno, la mayoría recela del uso que Estados Unidos pueda dar a esas bases de datos, mucho más ahora. La propia canciller alemana, Angela Merkel, aprovechará la cita que mantendrá con el presidente estadounidense, Barack Obama, el próximo 18 de junio para pedirle explicaciones sobre este caso.
El control de las comunicaciones indigna especialmente al Parlamento Europeo, muy celoso de la privacidad de los ciudadanos. “¿Cómo podemos hablar de relación especial entre la Unión Europea y Estados Unidos cuando Obama dice explícitamente que solo han espiado a extranjeros?”, se pregunta la diputada holandesa liberal Sophie in 't Veld, gran defensora de las libertades civiles.
Las normas comunitarias sobre esta materia datan de 1995. Pese a figurar todavía entre las más garantistas del mundo, la irrupción de Internet en la vida diaria de los europeos —y especialmente la llegada de las redes sociales— ha convertido en obsoleta la regulación. El Ejecutivo comunitario lanzó hace ya año y medio una propuesta para restringir el acceso que compañías y poderes públicos tienen a datos sensibles de los usuarios y regular cuestiones tan novedosas como el derecho al olvido.
Desde entonces, los Estados miembros se resisten a ponerse de acuerdo en elementos fundamentales de la regulación. Pero la irrupción del espionaje estadounidense ha desatado el nerviosismo de algunos miembros de la Comisión Europea. “Este caso demuestra que un marco legal para la protección de datos personales no es un lujo, sino un derecho fundamental. Ya es hora de que el Consejo Europeo demuestre que puede actuar rápidamente para reforzar los derechos de los ciudadanos”, reclamó la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, tras conocerse el espionaje.
A la hora de evaluar el grado de desprotección de los ciudadanos en la red, tan importante resulta la regulación europea como la que detalla los intercambios de datos entre Europa y Estados Unidos. Ninguna de las dos acaba de concretarse. Pero el escándalo de la vigilancia ha llegado a tiempo para centrar la reunión que mantendrán a partir del miércoles en Dublín los responsables europeos con las autoridades estadounidenses. La casualidad ha querido que este encuentro anual se dedique en esta ocasión a la protección de datos.
Reding tendrá la oportunidad de preguntar a Estados Unidos los detalles del espionaje, a cuántos europeos ha afectado y cómo piensa garantizar la seguridad de las comunicaciones, según explica una portavoz de la comisaria. La preocupación no es nueva. La Unión Europea entrega ya numerosos datos de sus ciudadanos a Estados Unidos (de los pasajeros aéreos, de las transferencias bancarias...), pero no tiene garantías de que el tratamiento de esos datos respete los estándares europeos. Por eso la comisaria de Justicia explora desde 2011 un acuerdo de protección de datos vinculado a la cooperación policial y judicial. Porque en la práctica, por muchas regulaciones que se aprueben al respecto, tanto los poderes públicos como los privados tienen acceso a información clave del ciudadano que puede ser utilizada en su contra.
Varios elementos bloquean desde hace tiempo esa colaboración entre las dos potencias. Entre ellos, que un ciudadano estadounidense que considere violada su privacidad puede reclamar ante las autoridades europeas, mientras un europeo no puede hacer lo mismo frente la administración estadounidense. La Comisión quiere, además, clarificar si esos intercambios implicarían una cesión indiscriminada de datos o se trataría de peticiones cuando existan “sospechas concretas”, explican fuentes comunitarias. “Cuando un ciudadano europeo manda mensajes o llama por teléfono a alguien en Estados Unidos no espera que sus datos personales sean interceptados o transmitidos a terceras personas”, describen.
Otras fuentes comunitarias consideran que las posibilidades de aproximación en este acuerdo de intercambio de datos son ahora más limitadas que antes de conocerse la revelación del cerco a las comunicaciones privadas. Aunque algunos Estados miembros son menos beligerantes en este terreno, la mayoría recela del uso que Estados Unidos pueda dar a esas bases de datos, mucho más ahora. La propia canciller alemana, Angela Merkel, aprovechará la cita que mantendrá con el presidente estadounidense, Barack Obama, el próximo 18 de junio para pedirle explicaciones sobre este caso.
El control de las comunicaciones indigna especialmente al Parlamento Europeo, muy celoso de la privacidad de los ciudadanos. “¿Cómo podemos hablar de relación especial entre la Unión Europea y Estados Unidos cuando Obama dice explícitamente que solo han espiado a extranjeros?”, se pregunta la diputada holandesa liberal Sophie in 't Veld, gran defensora de las libertades civiles.
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